El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, afirmó que desde el movimiento cívico del departamento se planteó hace más de quince días la necesidad de analizar y trabajar en una posible declaración de estado de excepción ante la escalada de los bloqueos y la radicalización de las medidas de presión en distintas regiones del país.
Gira explicó que inicialmente las movilizaciones se presentaron como demandas de reivindicación social, situación que generó expectativas de que pudieran resolverse mediante acuerdos. Sin embargo, aseguró que con el transcurso del tiempo estas medidas cambiaron de carácter.
“Hace más de 15 días habíamos indicado que era necesario, urgente, no descartar y trabajar dentro lo que viene a ser la declaración del estado de excepción”, manifestó.
Según indicó, el movimiento cívico observó que las demandas evolucionaron hacia una postura que calificó como política, radical y extrema.
“Hemos visto que han cambiado con una postura netamente política. Entonces, radical y ya extrema”, sostuvo.
En ese contexto, señaló que el movimiento cívico a nivel nacional solicitó al presidente del Estado acelerar el análisis de esta medida para aplicarla en los lugares donde persistan y se intensifiquen los bloqueos.
“El movimiento cívico a nivel nacional ha pedido al actual presidente que acelere el tema del trabajo para que se pueda de una u otra forma trabajar y declarar en el menor tiempo posible el estado de excepción en aquellos departamentos y lugares donde persiste y se radicaliza estas medidas de bloqueo”, afirmó.
Asimismo, mencionó que estas acciones estarían relacionadas con hechos que calificó como delitos de orden público y particular.
Respecto a las aprehensiones de personas vinculadas a los bloqueos, Gira sostuvo que, independientemente de una eventual declaratoria de estado de excepción, las instituciones competentes cuentan con facultades legales para actuar cuando se registran presuntos delitos en flagrancia.
“La ley es bien clara y faculta en este caso a las instituciones llamadas por ley, en este caso el Ministerio Público de nuestro país, a poder iniciar las acciones de oficio cuando correspondan, cuando estamos viendo de que evidentemente hay la comisión de delitos en flagrancia”, indicó.
El dirigente cívico consideró que, cuando corresponda, deben emitirse órdenes de aprehensión y aplicarse los mecanismos establecidos por la normativa vigente.
“Tiene que corresponder el tema de las órdenes de aprehensión, porque aquí no puede ser que algún dirigente vea de hacer lo que él vea conveniente, sino más al contrario tiene que estar adecuada su conducta dentro de lo que establece la ley”, expresó.
Finalmente, sostuvo que existen dirigentes a quienes identificó como promotores de las movilizaciones y señaló que estos deben ser puestos a disposición de las autoridades competentes.
“Estamos viendo que evidentemente hay algunos dirigentes que, incitadores, que de una u otra forma ya tienen una postura netamente política, también puedan ser reducidos y puestos a disposición de las autoridades competentes”, concluyó.