Todos los miembros de la Unión Europea se abstuvieron cuando la Asamblea General de la ONU pidió en marzo reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas como el mayor crimen contra la humanidad y, además, reparar a los países afectados. Sus delegaciones calificaron la esclavitud de tragedia “sin parangón”, aseguraron que no debía olvidarse y enumeraron monumentos, fundaciones y políticas destinadas a preservar su memoria. Pero trazaron una línea roja en el terreno jurídico: rechazaron que, de aquel crimen cometido durante la época colonial, emanara hoy la obligación legal de reparar. Pese a la abstención europea, la resolución impulsada por Ghana y la Unión Africana (UA) salió adelante y puso sobre la mesa las demandas de un continente que sufrió la extracción de 12,5 millones de personas para ser explotadas en América: disculpas formales, la devolución de lo expoliado, compensaciones para los afectados y cambios legales y políticos que impidan que el racismo y la discriminación sigan reproduciendo aquel daño.Seguir leyendo
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