La firma del Acuerdo N.º 001/2026 de la Agenda 50/50 entre el Gobierno nacional y los gobernadores departamentales abre para Tarija un escenario de discusión sobre la autonomía financiera, la distribución de recursos y la sostenibilidad económica de los gobiernos autónomos departamentales.
El acuerdo se desarrolla en un contexto de crisis financiera de la Gobernación de Tarija, marcada por la caída de ingresos hidrocarburíferos, la reducción de regalías e IDH, las obligaciones financieras acumuladas y la necesidad de una reestructuración institucional.
El secretario de Economía y Finanzas, Fernando Romero, informó que la Gobernación enfrenta compromisos superiores a los 1.000 millones de bolivianos, entre deuda bancaria y procesos contenciosos, mientras los ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir las obligaciones existentes.
En este escenario, la Agenda 50/50 plantea cambios estructurales para fortalecer la capacidad de decisión de los departamentos sobre sus recursos.
Uno de los principales puntos es la autonomía tributaria y el fortalecimiento de ingresos propios, mediante mecanismos que permitan a las gobernaciones mejorar su recaudación, ampliar sus competencias tributarias y evaluar nuevas fuentes de financiamiento.
El acuerdo plantea revisar la Ley N.º 154, analizar la posibilidad de transferir nuevas bases tributarias al ámbito departamental, evaluar sobretasas y habilitar mecanismos vinculados a impuestos ambientales.
Para Tarija, estas medidas representan una oportunidad para reducir la dependencia de los ingresos hidrocarburíferos, aunque su aplicación dependerá de modificaciones legales y procesos legislativos posteriores.
Otro eje central es la condicionalidad del gasto, donde se propone revisar normas nacionales que actualmente limitan el uso de recursos departamentales.
La finalidad es que las gobernaciones tengan mayor capacidad para decidir sus prioridades y evitar que financien obligaciones que corresponden al nivel central del Estado.
Este planteamiento coincide con la posición expresada por la gobernadora María René Soruco, quien cuestionó que durante años normas nacionales hayan condicionado recursos departamentales para cubrir competencias ajenas a las gobernaciones.
La autoridad también planteó la revisión del uso de recursos relacionados con el 12% de la Ley N.º 767, al considerar que afectaron fondos correspondientes a entidades subnacionales.
En materia de autonomía presupuestaria, el acuerdo propone que el nivel central mantenga control sobre la estabilidad fiscal del país, mientras las gobernaciones tengan mayor libertad para definir la composición de sus presupuestos.
Además, plantea reemplazar autorizaciones previas por mecanismos de información y seguimiento, así como reducir trámites administrativos mediante un sistema de reporte más simplificado.
Respecto a las competencias y financiamiento, la Agenda 50/50 busca revisar la relación entre responsabilidades asignadas y recursos disponibles, con el objetivo de evitar que los departamentos asuman obligaciones sin el respaldo económico necesario.
Para ello, se plantea una nueva Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, además de revisar los criterios actuales de distribución de ingresos considerando factores como equidad territorial, eficiencia y aporte económico de cada departamento.
El acuerdo también incorpora medidas relacionadas con protección del régimen autonómico, alianzas público-privadas, financiamiento externo y fondos de compensación, herramientas que podrían permitir nuevas alternativas de desarrollo para Tarija.
Uno de los puntos más importantes para la situación actual del departamento es el alivio fiscal, que contempla evaluar mecanismos de reprogramación o diferimiento de obligaciones financieras para mejorar la liquidez de las gobernaciones.
Para Tarija, este aspecto podría generar un margen de tiempo para ordenar sus finanzas, renegociar deudas y aplicar medidas de saneamiento institucional.
Sin embargo, el Acuerdo 50/50 no representa una solución inmediata a la crisis económica departamental. Su impacto dependerá de la aprobación de reformas, la coordinación entre niveles de gobierno y la capacidad de la Gobernación para mejorar su administración interna.
En conclusión, la Agenda 50/50 constituye una oportunidad para que Tarija busque mayor autonomía financiera, mejores condiciones de financiamiento y más capacidad de decisión sobre sus recursos, pero el resultado dependerá de convertir este acuerdo político en acciones concretas que permitan alcanzar una gestión departamental sostenible.