En una audiencia ante la CIDH, Ipas Bolivia denunció persistentes barreras para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la impunidad en delitos sexuales y la necesidad de una ley integral. Por su parte, el Estado defendió los avances normativos y las políticas en curso, aunque reconoció la necesidad de una ley y una mejor regulación de la objeción de conciencia.