La Delegación Defensorial de Tarija y la Red Departamental de Lucha contra la Violencia del Chaco han puesto en la mira el tratamiento judicial de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, donde delitos de violación habrían sido modulados a estupro. Carola Romero, delegada defensorial, exigió transparencia y celeridad procesal, mientras que la Red del Chaco denunció la suspensión de audiencias clave y anunció acusaciones por prevaricato contra jueces, alertando sobre la mirada atenta de la sociedad sobre su accionar.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija/ Martes, 29 de julio de 2025
Estupro: La «invisibilización de la violencia sexual» y el monitoreo defensorial
Carola Romero, Delegada Defensorial de Tarija, expresó la preocupación de la Defensoría del Pueblo ante la situación recurrente de casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, donde procesos por violación han sido modulados a estupro. Romero recordó que, según la sentencia Ángulo versus Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la figura del estupro «debe ser derogada del ordenamiento jurídico porque es una invisibilización de una violencia sexual».
En el marco de su rol de monitoreo de derechos humanos, la Defensoría ha tomado conocimiento de estas denuncias, realizadas por la Red Departamental de Lucha contra la Violencia. La institución se apersonó ante el Consejo de la Magistratura, que emitió un informe sobre los antecedentes, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público, dando lugar a la apertura de procesos. La Defensoría está realizando un seguimiento riguroso para que estos casos sean llevados «en plena transparencia y en procesos oportunos». Asimismo, a través de la coordinación regional en Yacuiba y Villa Montes, se vela por la situación de las víctimas, buscando que «no se sientan afectadas, intimidadas y hostigadas».
Romero enfatizó el rol de la Defensoría en garantizar que el proceso sea transparente y con participación de las víctimas, respetando las garantías del debido proceso, la presunción de verdad y la debida diligencia. Respecto a las modulaciones y determinaciones judiciales, solicitó a las salas que resuelvan las apelaciones de sentencia, priorizando «el interés superior de la niña, niño y adolescente», con «atención oportuna y preferente». Recordó que algunos casos han sido resueltos, algunos absueltos y otros «por estupro». La acción fiscalizadora no se limita a Tarija, sino que, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se ha remitido una nota al Consejo de la Magistratura solicitando informes sobre el estado actual de los procesos, la investigación y las acciones correctivas y preventivas. Aunque aún no han recibido respuesta, la Defensoría continúa haciendo seguimiento para que se instalen las audiencias y se brinde la atención debida.
Denuncias de prevaricato y suspensión de audiencias en Villa Montes
Desde la Red de Lucha contra la Violencia del Chaco, un representante denunció la suspensión de una audiencia clave en Villa Montes, originalmente prevista para el 19 de agosto. La postergación se atribuyó a motivos relacionados con el calendario electoral y capacitaciones. «La audiencia en realidad no se llevó a cabo, se suspendió por el día 19 de agosto por el tema de que acusaron de que eran por el tema electoral, así que tenían una capacitación y en fin, al final no se pudo hacer la audiencia para la cautelar», explicó el representante.
La audiencia ha sido reprogramada para el 19 de agosto. El representante de la Red afirmó que están «expectantes» y «mirando muy de cerquita este tema», ya que se está acusando a los jueces por prevaricato. «Nosotros tenemos los suficientes cargos para que se pueda hacer justicia en este caso», sentenció. La sociedad de Villa Montes está atenta al desempeño de sus jueces. «Acá los jueces en Villa Montes están siendo vistos y están siendo admirados por la propia sociedad, pero también hay un grupo de la sociedad que estamos viendo cómo trabajan, si es que lo hacen bien, si es que lo hacen mal, estamos expectantes y estamos denunciando», añadió. Concluyó con la esperanza de que «este tema llegue a buen término», reiterando que los jueces, aunque son personas y pueden equivocarse, no son «el quinto poder», y que la Red del Chaco, en coordinación con instancias regionales y departamentales, seguirá de cerca estos casos.
Estos casos ponen de manifiesto la urgencia de una reforma judicial profunda que asegure la protección de los derechos de los menores y la aplicación de justicia sin dilaciones ni modificaciones que minimicen la gravedad de los delitos. La presión social y el monitoreo de las entidades de defensa de derechos humanos son cruciales para garantizar que el sistema judicial responda de manera efectiva y oportuna a las víctimas de violencia sexual.