La decisión de la gobernadora María René Soruco de iniciar gestiones para resolver el contrato de operación, mantenimiento y administración de la central hidroeléctrica de San Jacinto con ENDE Guaracachi merece el respaldo de Tarija. No se trata de una disputa política ni de una confrontación con una empresa estatal. Se trata de defender los intereses económicos de un departamento que no puede resignarse a recibir una participación reducida por el aprovechamiento de uno de sus recursos estratégicos.
El contrato, suscrito en 2015 por un plazo de 30 años, compromete durante décadas la administración de la generación eléctrica de San Jacinto. Según los datos expuestos por la Gobernación, de cada 100 bolivianos generados por esta actividad, 92 quedan para ENDE Guaracachi y apenas ocho corresponden a Tarija. Si esta distribución refleja las condiciones vigentes del acuerdo, estamos ante una situación que exige una revisión seria, transparente y urgente.
Tarija no puede aceptar que un recurso estratégico de su territorio produzca beneficios tan limitados para el departamento, mientras sus instituciones enfrentan restricciones económicas y sus necesidades de desarrollo siguen siendo enormes.
La Gobernación necesita recursos para atender sus responsabilidades, invertir en infraestructura, fortalecer los servicios públicos, impulsar la producción y promover el desarrollo de las provincias. Cada ingreso que no llega a las arcas departamentales representa una oportunidad menos para atender esas obligaciones. Por eso, discutir las condiciones económicas de San Jacinto no es un asunto secundario ni exclusivo de la administración departamental, es un tema que concierne a todos los tarijeños.
La decisión de María René Soruco tiene, además, un mérito fundamental, pone sobre la mesa un contrato heredado que compromete intereses departamentales durante un periodo extraordinariamente largo. Un acuerdo de 30 años no puede quedar al margen del escrutinio público, mucho menos cuando existen cuestionamientos sobre sus beneficios económicos para la región.
No basta con señalar que el contrato fue firmado por una administración anterior. Lo importante es revisar sus cláusulas, conocer sus resultados y establecer si las condiciones acordadas responden al interés público. La responsabilidad de una autoridad no consiste en mantener indefinidamente decisiones heredadas por el solo hecho de que fueron asumidas en el pasado. También consiste en corregir aquello que, después de un análisis técnico, jurídico y financiero, resulte perjudicial para la institución y para la población.
En ese sentido, la iniciativa de la Gobernadora debe ser entendida como un acto de defensa de los intereses de Tarija. Si el acuerdo es desfavorable, corresponde buscar una salida legal que permita recuperar una participación más justa en los beneficios de San Jacinto. Los recursos que genera el departamento deben traducirse en oportunidades para su gente y no convertirse en una fuente de ingresos cuyo rendimiento local resulte insuficiente frente al valor estratégico del activo comprometido.
Sin embargo, el respaldo a esta decisión también debe ir acompañado de responsabilidad. Resolver anticipadamente un contrato de estas características exige cumplir los procedimientos legales, evaluar las obligaciones pendientes y garantizar una transición ordenada. La defensa de los intereses departamentales no puede improvisarse, debe sustentarse en documentación, argumentos jurídicos y cifras verificables que permitan actuar con firmeza y reducir los riesgos para la Gobernación.
También es indispensable evitar que la discusión sobre la generación eléctrica desplace otra función esencial de San Jacinto, el almacenamiento y la provisión de agua para el riego agrícola del valle central. La represa no es solamente una instalación destinada a producir electricidad. Su importancia para los productores, las cosechas y la economía rural obliga a que cualquier nuevo esquema de administración garantice el uso adecuado del agua y atienda las necesidades de quienes dependen de ella para trabajar.
San Jacinto debe beneficiar a Tarija en toda su dimensión, mediante una participación económica razonable, una administración transparente y una gestión que compatibilice la generación eléctrica con el riego. El departamento no puede ganar en un aspecto y perder en otro.
Por ello, ENDE Guaracachi debe responder con claridad a los cuestionamientos planteados por la Gobernación y participar en un diálogo institucional que permita encontrar una solución. Si existen argumentos técnicos o jurídicos que justifiquen las condiciones actuales, corresponde exponerlos. Y si el contrato presenta desequilibrios que perjudican a Tarija, debe existir la voluntad de corregirlos por las vías legales correspondientes.
Lo que no sería aceptable es que una discusión de semejante importancia quede atrapada en la burocracia, en el silencio institucional o en intereses ajenos al bienestar de la región.
La Gobernación, por su parte, tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre los avances de las negociaciones, los alcances reales del contrato y las alternativas para recuperar la administración de la central. La transparencia será fundamental para que los tarijeños comprendan qué está en juego y puedan evaluar los resultados de esta iniciativa.
Tarija ha soportado durante años la sensación de que sus recursos no siempre se traducen en beneficios proporcionales para su desarrollo. Por eso, la revisión del contrato de San Jacinto debe convertirse en una oportunidad para demostrar que es posible defender los intereses departamentales con seriedad, argumentos y decisión.
María René Soruco merece respaldo por impulsar esta revisión y asumir un problema que compromete el futuro económico de Tarija. Ese respaldo no significa otorgarle un cheque en blanco, sino acompañar una decisión que debe conducir a resultados concretos y verificables.
San Jacinto no puede seguir siendo una oportunidad desaprovechada para Tarija. Si sus recursos se generan en el departamento, su aprovechamiento debe traducirse en beneficios reales para sus habitantes. Defender ese principio no es una bandera partidaria, es una obligación con la región.
Porque el desarrollo de Tarija no depende solamente de cuánto produce, sino también de cuánto de esa riqueza logra conservar, administrar e invertir en su propio futuro.