El alcalde de Tarija, Johnny Torres, se presentó a un encuentro de coordinación junto a las autoridades de los municipios de la AMT y la Gobernación para tratar dos asuntos de urgencia económica. La primera problemática se debe al incremento en la tarifa del servicio eléctrico, situación que desequilibró las finanzas de las alcaldías y provocó que el municipio de Cercado quede con saldo negativo en el rubro de alumbrado público tras varios años de balance positivo. El segundo aspecto debatido fue la falta de entrega del 1% de los fondos departamentales, una transferencia que, indicó, no se cumple de forma regular desde hace tiempo.
A pesar del retraso acumulado en el traspaso de estos presupuestos, el titular de la comuna descartó recurrir al cobro coercitivo por la vía administrativa contra las cuentas de la Gobernación. Torres recordó que la administración municipal de Tarija dejó de percibir estos montos en gestiones pasadas debido a que las autoridades de ese entonces no los requerían por contar con liquidez.
«Nosotros nunca hemos solicitado un débito contra nuestra gobernación y no lo vamos a hacer, por eso estamos viniendo a hablar».
Sobre los reclamos expuestos por la comunidad escolar de Senac tras la demolición del colegio Bolivia, la autoridad municipal aclaró que la alcaldía cumplió puntualmente con el trabajo de derribar la infraestructura antigua y dejar la parcela limpia, explicando que el inicio de la nueva construcción le corresponde enteramente a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), instancia dependiente del nivel central del Estado que recién empezó a normalizar sus trámites e intervenciones administrativas en las últimas semanas.
En relación a los proyectos paralizados a nivel nacional, Torres sostuvo que el anterior Ejecutivo firmó compromisos de obras con fines electorales sin contar con el dinero reservado en las arcas del Estado y explicó que los municipios asumieron de buena fe la validez de esos documentos sin saber la falta de liquidez del Tesoro.
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