El presidente Rodrigo Paz dijo este lunes que las movilizaciones de los sindicatos que se oponen al retiro de la subvención a los combustibles, que estuvo vigente por 20 años, buscan «atacar la democracia» y pidió a la Justicia que «garantice la paz social» ante quienes aseguró buscan atacarla.
El mandatario participó en la inauguración de Año Judicial en Sucre, mientras miles de manifestantes marchan desde el sábado por el altiplano para llegar esta jornada a La Paz, día en que el Gobierno convocó a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) a dialogar.
Paz afirmó en su discurso que «es fundamental» que la Justicia «garantice la paz social a través de sus acciones puntuales contra aquellos que atacan esa paz social» además «genere las garantías para la seguridad jurídica contra aquellos que no quieren que Bolivia se abra al mundo».
La protesta que los sindicatos realizan desde hace dos semanas contra el decreto 5503 cuestiona el retiro del subsidio a la gasolina y el diésel que, aseguran, debió ser gradual, y también denuncian que la norma permite la venta de los recursos naturales y empresas públicas a capitales extranjeros.
El nombre de la marcha que lidera la COB es ‘Bolivia no se vende’.
«¿De qué hablan de vender Bolivia si ya la vendieron?», cuestionó el mandatario refiriéndose a los 20 años en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), como parte del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).
Paz afirmó que en los 20 años de gobiernos del MAS «vendieron todo el gas» al punto de que «ni siquiera hicieron inversión», también «sin reinvertir, sin explorar» y que lo mismo pasó con los proyectos de industrialización del litio.
«Yo no acepto eso de ‘Bolivia no se vende’, ya la vendieron. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una Bolivia productiva, una Bolivia que quiera crecer con reglas claras (…) ¿Acaso hay algo malo en ello?», argumentó Paz.
El jefe de Estado señaló que «50 dirigentes sindicales (que) están marchando» ganan anualmente «18 millones de dólares» como parte de las «ventajas» de sus fueros sindicales y que ese monto incluso supera el presupuesto de 213 municipios de Bolivia.
«Eso es injusticia, eso es lo que se pagó durante 20 años para que haya organizaciones sociales en Bolivia que bajo la lógica de la representación social no hagan más que secuestrar el Estado, tenemos que liberar el Estado. Yo por mi parte no pienso dar un paso atrás ni para el impulso», remarcó.
Paz también dijo que los recursos que captan los dirigentes sindicales de sus afiliados «se usan para atacar la democracia, para atacar las instituciones, para atacar la estabilidad», por lo que planteó que esas cuotas sean «voluntarias».