Diputados aprueban modificación al Código Penal y suben de 5 a 20 años pena para jueces que liberen a feminicidas

Página Siete Digital
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley 179/2021-2022, que establece modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal y Supervisión, y determina subir las penas de 5 y 10 años a 20 años de cárcel para los jueces que beneficien a imputados por los delitos de feminicidio, infanticidio y violación.
“No podemos quedar indiferentes ante estos hechos que han causado luto y dolor en familias bolivianas. En atención a las víctimas y sus familiares propusimos este proyecto para devolverles la dignidad. La finalidad no solamente es endurecer las penas para que otros jueces o fiscales no se atrevan a cometer estos delitos. También vamos a evitar que feminicidas, infanticidas y violadores estén libres en las calles”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público, y proyectista de la norma, la diputada Lidia Tupa.
El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación.
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Entre las modificaciones hechas al Código Penal están el ajustar el artículo 173 sobre Prevaricato, para ampliar la pena de privación de libertad hasta los 20 años para los jueces o fiscales que dictaminen resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y otras normas, en casos de feminicidio, violación e infanticidio. La pena por este delito actualmente es de 5 a 10 años.
En el caso del artículo 174 referido a los Consorcios, las sanciones de 5 a 10 años solo alcanzaban a jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares del servicio de justicia que buscan beneficios económicos de manera ilegal.
Ahora, con la propuesta de normativa, esta pena aplicará también a magistrados, vocales, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales.
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Además, se establece modificaciones al artículo 231, para que los imputados por feminicidio, infanticidio y violación, no puedan gozar de otras medidas cautelares que no sea la detención preventiva.
También proyecta cambios en el artículo 239 para que la persona privada de libertad por hechos de feminicidio, violación o infanticidio, que se encuentre con enfermedad grave o estado terminal, pueda solicitar la cesación de las medidas cautelares siempre y cuando acredite mediante un certificado médico emitido por el Instituto de Investigación Forense (IDIF).
También modifica el artículo 174, que establece que la libertad condicional no procederá en los tres delitos de feminicidio, infanticidio y violación

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