Publicado:
18 ene 2024 12:11 GMT
Letrados del Congreso emitieron un documento que duda de la constitucionalidad de la norma que borrara los delitos relacionados con el proceso secesionista en Catalua.
Una auténtica batalla jurídica se ha desatado alrededor de la ley de amnistía que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsa en el Congreso de los Diputados para eliminar los delitos investigados en el marco del proceso independentista que vivió Cataluña entre los años 2011 y 2019.La oposición conservadora, encarnada principalmente en el Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox, consideran que se trata de una legislación anticonstitucional, mientras que desde el Gobierno se defiende que encaja perfectamente en la Carta Magna, toda vez que no prohíbe la amnistía, como sí hace con los indultos generales.El último capítulo lo ha protagonizado el informe emitido por los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, un documento preceptivo no vinculante que registra dudas sobre la constitucionalidad de una norma, que todavía se encuentra en trámite parlamentario.Se trata de una iniciativa legislativa que surgió por exigencia de los partidos independentistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente y garantizar la estabilidad de la legislatura. Esa petición hizo que el mandatario socialista cambiara su postura sobre el encaje constitucional de una posible amnistía.Ahora los letrados del Congreso han elaborado un documento que duda abiertamente de la legalidad de la medida de gracia porque, apuntan, «no está contemplada entre las competencias de las Cortes Generales». Según recoge El Mundo, la medida «ya fue rechazada por el constituyente» y por la «indeterminación» de los delitos que pretende amparar.Además, los juristas sostienen que la amnistía «lesionaría el principio de seguridad jurídica», debido al amplio periodo de tiempo que se pretende abarcar, al tiempo que violaría la «aplicación igualitaria de la ley», podría contravenir el derecho de la Unión Europea (UE) y restringiría los efectos suspensivos de las peticiones prejudiciales a la justicia europea.El miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la constitucionalidad de la norma aludiendo a un informe del mismo cuerpo, emitido en marzo de 2018.El texto citado se refiere a una proposición de ley de Unidas Podemos, que quería rehabilitar diversas penas de guardias civiles sancionados por reivindicar su derecho de asociación profesional, a través del indulto. El documento concluye: «Podrían existir otras figuras dentro de la Constitución, como por ejemplo la amnistía, que respetarían el espíritu perseguido por la proposición de ley», dando a entender que la amnistía sí es constitucional.El ministro citó también un informe mucho más reciente, del letrado mayor del Congreso, que validaba la admisión a trámite por parte de la Mesa del Hemiciclo de la proposición de ley de amnistía que ahora está en entredicho.
La futura amnistía se ha situado en el centro del debate político nacional, siendo utilizada como arma arrojadiza por la oposición, que censura el hecho de que se trate de una ley elaborada por los mismos a los que podría beneficiar. En el lado contrario, los partidos catalanes hacen recaer la continuidad de la legislatura en su aprobación, habida cuenta de la ajustada aritmética parlamentaria que hace que el Gobierno de Sánchez los necesite para poder legislar.Se da por descontado que la ley será aprobada por el Congreso, aunque falta conocer cual será su letra final, toda vez que los diputados tienen por delante el debate y aprobación de las enmiendas presentadas al texto.Tras su aprobación, varias formaciones han anunciado que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que será la corte con la última palabra sobre si el texto se ajusta o no a la Carta Magna.Se trata de una última batalla que también se da por ganada, puesto que el alto tribunal fue renovado recientemente y cuenta en la actualidad con una mayoría progresista.Algo similar sucede con los tres letrados que firman el informe conocido este jueves, ya que dos de ellos fueron cargos con Gobiernos del Partido Popular, formación que los promovió a su actual puesto.
