El Senado de Chile rechaza un proyecto de ley que beneficiaba a presos por delitos de lesa humanidad




Publicado:
25 ene 2024 01:53 GMT

La iniciativa de Chile Vamos buscaba que hombres mayores de 70 y mujeres mayores de 65 aos, privados de libertad, pudieran cumplir con medidas alternativas como el arresto domiciliario.
El Senado de Chile rechazó este miércoles un proyecto de ley que beneficiaba con prisión domiciliaria a prisioneros de avanzada edad, incluidos aquellos condenados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa de la coalición Chile Vamos (centroderecha) obtuvo 23 votos en contra y 21 a favor. En sus disposiciones, el texto establecía que las personas privadas de libertad —hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65— podían cumplir con medidas alternativas como el arresto domiciliario. RECHAZADO| Sala del Senado rechaz por 23 votos en contra el proyecto que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo fsico grave, o que hayan cumplido determinada edad. pic.twitter.com/StcDRO5KwU— Senado Chile (@Senado_Chile) January 24, 2024El proyecto también aplicaba para presos que padecieran una enfermedad terminal o un menoscabo físico grave. Durante el debate, la iniciativa generó una intensa discusión, debido a que varios legisladores advirtieron que beneficiaría a «condenados por graves delitos de derechos humanos» que, además, «no han mostrado arrepentimiento», informó el Senado.»Resulta una iniciativa incomprensible tras los 50 años del golpe militar, ya que revictimiza a familiares de los detenidos desaparecidos y a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos», señalaron quienes se opusieron a la propuesta, y remarcaron que el beneficio «no distingue entre condenados por delitos tan graves como narcotráfico, homicidios o abusos contra menores». Quienes apoyaban el cambio para el cumplimiento alternativo de penas, argumentaron que el proyecto se amparaba en diversos tratados y organizaciones internacionales, que «han establecido la obligación de un trato digno y humano para los privados de libertad en general, y respecto de los adultos mayores en especial».