Actualizado Mircoles,
14
febrero
2024
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20:38La pesadilla de la hispano-venezolana Roco San Miguel, relevante figura de la sociedad civil, no ha hecho nada ms que comenzar. Las graves acusaciones realizadas por la Fiscala General chavista, que le imputa por participar en un supuesto intento de magnicidio contra Nicols Maduro, provocaron que una jueza antiterrorista dictara prisin incondicional en uno de los peores lugares del planeta: el Helicoide, sede en Caracas de la polica poltica de Nicols Maduro. Un siniestro lugar de confinamiento que aparece en todos los informes de Naciones Unidas porque en su interior se llevan a cabo torturas, malos tratos y mucha crueldad. «Necesitamos saber cul es su condicin fsica. Exigimos su libertad plena y revertir la furia bolivariana desatada», ha reclamado Lexys Rendn, directora del Laboratorio de Paz, rodeada de activistas de derechos humanos, un grupo de mujeres y hombres para los que la historia tiene reservado un lugar especial en la lucha por la libertad en Venezuela. Abogados cercanos acudirn ante el Tribunal para interponer un recurso de apelacin en favor de San Miguel y de sus cinco familiares. Contra la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional pesan los supuestos delitos de terrorismo, traicin a la patria y conspiracin, distintos al de su ex pareja sentimental, Alejandro Gonzlez. Sobre este militar retirado recae la acusacin de revelacin de secretos militares. Tambin est privado de libertad, en este caso en la terrible sede caraquea de la Direccin General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, ha intentado explicar los motivos que le llevaron a acusar a San Miguel en una trama que, dijo, «me da asco». No present ninguna prueba. «Ella tena la misin, delatada por los militares detenidos, de comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se iran desarrollando», ha asegurado Saab, en referencia a la ‘operacin Brazalete Blanco’, un supuesto ataque contra la 21 Brigada de Infantera del Ejrcito Bolivariano, donde se conseguiran armas para atentar primero contra el gobernador Freddy Bernal y despus contra Maduro. A travs de «extracciones telefnicas», se han visto «cosas sumamente delicadas que la vinculan en una campaa contra la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde reconoce su papel de estar conspirando en Europa y Estados Unidos», ha asegurado Saab. Los otros cuatro familiares de San Miguel han conseguido la libertad condicional. Destaca entre ellos Miranda Daz San Miguel, la hija de Roco, que tambin dispone de nacionalidad espaola y que vive en Madrid, donde el ao pasado se gradu de Periodismo en la Universidad Complutense. La joven, de 24 aos, permaneci desaparecida durante tres das, tras ser engaada por agentes de la DGCIM para que acudiera al aeropuerto. La jueza ha impuesto a Miranda medidas cautelares, que le impiden regresar a Madrid y hacer declaraciones pblicas, adems de comparecencias peridicas ante los tribunales. Contra su padre, Vctor Daz, y sus tos Miguel ngel y Alberto San Miguel se han aplicado las mismas limitaciones. «Su entorno intent encubrir medios probatorios», ha acusado el fiscal a los familiares de San Miguel, quien adems ha situado una nueva diana para seguir actuando: los activistas de derechos humanos. Primero fue uno de los ministros de Maduro y despus el propio Saab quienes han amenazado a ONG, como Provea o Amnista Internacional, que apoyan a San Miguel. «Delinquen al decir esas mentiras», seal el jefe del Ministerio Pblico al intentar justificar, sin xito, las ms de 100 horas que la activista de derechos humanos permaneci en desaparicin forzada, habitual ‘modus operandi’ bolivariano, tal y como recogen los informes de la ONU.