Un juez de Ecuador ha ordenado a la Defensora del Pueblo que investigue supuestas acciones de tortura por parte de militares en varias crceles del pas, en el marco de un estado de excepcin aplicado por el Gobierno desde principios de enero para poner fin a una crisis de motines en las prisiones.(Puede leer:Asesinan a polica colombiano en Ecuador durante sus vacaciones: ‘Un gran ser humano’)El juez constitucional Manuel Pea, de la ciudad portuaria de Guayaquil, ha ordenado tambin que se brinde atencin mdica ininterrumpida a las personas privadas de la libertad, segn inform este domingo el Comit de Familiares por Justicia en Crceles, la organizacin que present un recurso de hbeas corpus sobre la situacin en las prisiones.
El juez Pea, segn la fuente, ha ordenado «dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas» y ha pedido a la Defensora del Pueblo que en el plazo de 45 das investigue las denuncias de supuestos «actos de tortura que han existido en las crceles del Ecuador».(Siga leyendo:Qu puede pasar entre Ecuador y Rusia si Quito le entrega armas soviticas a EE. UU.?)Tambin ha exhortado «a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad», y ha sealado que el Servicio Nacional de Atencin Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, debe «otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentacin, tiles de aseo y de higiene personal de manera directa» a las personas privadas de la libertad, quienes no tiene «porqu pagar por eso», segn el comunicado del Comit.
Las autoridades indicaron que siete de los retenidos son policas.
Asimismo, asegur que el juez ha declarado «responsable al Estado por accin y omisin» en este caso de vulneracin de derechos, ya que los militares aparentemente han incurrido en «acciones que atentaron contra la integridad personal de las personas privadas de libertad al someterlas a maltratos que presumiblemente podran ser tortura».Y por omisin, ya que, segn el Comit, el «SNAI no est ejerciendo su competencia de gestionar los centros debido a la intervencin militar».(Adems:Estados Unidos sanciona a banda criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’ y a su lder)Para el Comit, el juez ha declarado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas «por vulneracin de derechos en prisiones».De momento, ni el Gobierno ni las fuerzas del orden se han pronunciado ante esta decisin judicial que se da en el marco de las operaciones conjuntas que realizan militares y policas a escala nacional, en crceles y calles, para poner fin a la espiral de violencia que se desat a principios de enero en todo el pas.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
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EFE/Presidencia de Ecuador
El pasado 9 de enero el Gobierno del presidente Daniel Noboa aplic un estado de excepcin y decret el «conflicto armado interno» para frenar la espiral de violencia atribuida al crimen organizado.La ola de acciones violentas se desat cuando aparentemente el presidente de Ecuador se dispona a poner en marcha el denominado «Plan Fnix» contra el crimen.(Puede leer:Paola Roldn, la mujer con ELA que logr la legalizacin de la eutanasia en Ecuador)En principio, esa estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron ms de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.La violencia tambin se traslad a las calles, hasta convertir a Ecuador en uno de los pases ms violentos de la regin, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.EFE
