Pedro Snchez asista a las 12:00 horas del pasado viernes 19 de enero al acto en el cual el fiscal general del Estado, lvaro Garca, prometa su cargo en el palacio de la Zarzuela. Su cabeza estaba en otra parte. Acababa de or de los labios de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, unas palabras sobre el auto del juez Manuel Garca-Castelln, quien volva a imputar esa misma maana a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en un presunto delito de terrorismo en la causa del Tsunami Democrtic por las manifestaciones callejeras de noviembre de 2019 contra la sentencia del procs.Flix Bolaos, ministro de Justicia, que presida el acto, estaba tambin masticando las afirmaciones de Ribera. Los esfuerzos de Bolaos por templar gaitas a travs de su relacin con el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Vicente Guilarte, tambin en el acto, parecan irse al garete. Como si las declaraciones de Alberto Nez Feijo, el mircoles 17, contra el Tribunal Constitucional y su presidente, Cndido Conde-Pumpido, por las sentencias dictadas en las que se tumbaron dos fallos de la Sala II del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena -casos de Alberto Rodrguez y de Bateragune, respectivamente- no hubieran hecho saltar todas las lneas rojas de la estrategia de deslegitimacin del tribunal de garantas del Partido Popular.La prueba del nueve vigente en la informacin judicial y poltica de este pas, marcada con lo que hemos llamado el sindicato meditico-judicial se ha vuelto a cumplir en esta semana de la tormenta judicial perfecta. Esa prueba consiste en esto: cuando la derecha ataca a una institucin o al presidente de la misma -caso Tribunal Constitucional- es normal. Para los medios de comunicacin de ese sindicato de facto no es noticia; es lo que toca. Pero cuando un alto cargo del Gobierno insina, ms que afirma, dudas sobre alguna decisin jurisdiccional de un magistrado -caso Ribera- es el final de la divisin de poderes de Montesquieu. Es decir: es el fin de la democracia.Guerra suciaConde-Pumpido ha sido objeto de una guerra sucia durante largos aos para prevenir, ms recientemente, su ascenso a la presidencia del TC, algo que el PP de Nuez Feijo quiso abortar hasta el ltimo minuto en diciembre de 2023. No fueron las cloacas, trmino muy en boga en este pas, las encargadas de la faena contra Conde-Pumpido. Ha sido una guerra sucia, pero muy transparente a travs de la reencarnacin de otrora sindicato del crimen de los aos ochenta del siglo pasado en sindicato meditico-judicial.Fue Jos Mara Aznar quien se encarg, en la divisin de trabajo de la campaa de las elecciones municipales y autonmicas del 28 de mayo de 2023, quien sistemticamente atac al TC y a su mayora progresista que su partido no fue capaz de abortar. Y esta semana, Nez Feijo acus a Conde-Pumpido, -quien, segn dijo, no puede presidir el TC por haber sido fiscal general del Estado- de suplantar al Tribunal Supremo de forma reiterada al corregir sentencias. El presidente del PP ni se molesta en explicar por qu ataca esa correccin, cules son las razones jurdicas que no le agradan, qu consecuencias pueden tener.Nada de eso. A Nez Feijo que no le toquen al faro que le ilumina -directa o indirectamente-, a saber, a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal o Sala Segunda, quien a su vez tras los dos varapalos ha dejado saber a los integrantes del llamado sindicato meditico-judicial que el en Tribunal Supremo hay malestar. En el Tribunal Supremo? O ms precisamente en Marchena?Teresa Ribera, tras responder a TVE sobre la amnista, fue preguntada al final de la entrevista por la resolucin del juez Garca Castelln (auto conocido la maana del viernes). «Creo que es muy importante respetar un principio fundamental de la convivencia y la Constitucin como es la separacin de poderes y el ejercicio del poder y de las responsabilidades que corresponden a cada uno de los que estamos al frente de las instituciones, incluido el respeto al poder judicial, a los jueces y magistrados, dijo, y aadi: «Y eso no impide ver que hay algunas personas que ostentan esa responsabilidad del poder judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma direccin y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo dems suelen ser los pronunciamientos de otros compaeros dentro del ejercicio de ese poder judicial, as que yo sera muy cauta respecto a la manera en que se est pronunciando este juez que, como digo, nos tiene acostumbrados a que se incline en esta misma direccin que evidentemente tiene una implicacin polticamente importante y suele salir a colacin en momentos polticos sensibles».Ribera dijo adems que «la hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones. Pero evidentemente es su tarea, debe motivar, explicar y en su caso siguiendo la manera en que los tribunales configuran la instruccin y su propia opinin y pronunciamiento corresponde esperar a ver lo que ocurreEl mundo judicial, ante semejante insinuacin, se vino arriba -o abajo segn se prefiera- y empuj a Teresa Ribera a la hoguera. El CGPJ lo consider un crimen.Cuando Pedro Snchez y Flix Bolaos salieron del Palacio de la Zarzuela el pasado viernes les falt tiempo para transmitir a travs de sus telfonos mviles la recomendacin -orden- de no seguir adelante con menciones al juez Garca-Castelln.Conspiracin de los formulariosAl ministro de Transportes, scar Puente, los medios le preguntaron por el asunto. Su respuesta fue comedida. Sabiendo cmo suele expresarse, salt a la vista que se contena. Nosotros, tanto en el Gobierno como en el PSOE, tenemos mucho respeto por el poder judicial y sus decisiones, y ello a pesar de determinadas decisiones temporales que llaman la atencin. Respald las manifestaciones de Ribera, en cuanto a esas coincidencias pues «este caso [Tsunami Democrtic] se remonta a 2019 y llama la atencin que cada vez que hay un debate pblico sobre estos temas se produzca una resolucin del juez.Pero a pesar de la orden de Snchez son cada vez ms los miembros de la nueva comisin ejecutiva del PSOE que discrepan de la conducta que llaman de pacificacin por la cual el Gobierno tiene que dejar pasar determinadas acciones judiciales que suponen, afirman, una intromisin del poder judicial en el poder legislativo. Los jueces son independientes y deben serlo. Pero deben acantonarse en su funcin. Cuando no lo hacen, como se puede ver en el clima poltico actual, los polticos tienen que hablar, ha sealado un dirigente socialista a este diario.»El poder judicial est en rebelda. Ahora es contra la ley de amnista -aade-. Est usando las consultas del portal del CGPJ, por ejemplo, para publicitar formularios sobre cmo presentar cuestiones prejudiciales en relacin con la ley de amnista ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE), o elevar una cuestin de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.Es sorprendente. No se consideran las cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad como un instrumento de depuracin del ordenamiento para resolver dudas jurisdiccionales sino como un plan organizado para obstaculizar la aplicacin de una norma legal, seala un magistrado que sigue atnito la conspiracin de los formularios a travs del correo del CGPJ.
Se acab la diversin: en eso lleg Snchez y mand parar
