La Audiencia de Barcelona enva a juicio a 46 policas nacionales por las cargas del 1-O



La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisin del Juzgado de Instruccin nmero 7 de Barcelona de enviar a juicio a un total de 46 policas nacionales por las cargas en las diferentes escuelas de la capital catalana durante la jornada del referndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Reafirma, as, el criterio del magistrado instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso. En la resolucin, el tribunal descarta investigar a ms agentes motivo de los recursos de apelacin de las acusaciones, pero tambin rechaza archivar la causa contra ellos, denegando las peticiones de sus defensas y que cont con el apoyo mayoritariamente de la Fiscala de Barcelona.La resolucin de la Audiencia de Barcelona seala que «la calificacin jurdica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va ms all de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podran ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario pblico», segn las acusaciones populares ejercidas por Omnium e Iridia. Estas dos entidades, ms la ANC, recurrieron contra algunos autos de archivo, pero el tribunal los ha confirmado. Por lo que respecta a los agentes investigados, se han desestimado tambin sus recursos contra su imputacin. Los magistrados argumentan que hay muchas evidencias e imgenes que indican que podran haberse cometido abusos policiales como lesiones y delitos contra la integridad moral contra los votantes independentistas.Irdia y mnium Cultural consideran que esta es una resolucin muy importante, supone un gran paso adelante para «la lucha contra la impunidad de una actuacin policial no solo desproporcionada sino delictiva», que provoc la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos. En un comunicado expresan que «despus de muchos aos de trabajo, 46 agentes de la Polica Nacional son enviados a juicio, gracias principalmente al rol de la sociedad civil como herramienta de proteccin de derechos humanos».Escritos de acusacin y defensaEl juez de Barcelona Francisco Miralles, que investig las cargas de la Polica Nacional para impedir el referndum unilateral del 1-O en Barcelona, dej a un paso de ir a juicio en enero del 2023 a 45 agentes del cuerpo (ahora son 46) ante los indicios de que su actuacin podra constituir delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones. El magistrado, en cambio, archiv la causa para otros 20 agentes. En un auto, el titular del Juzgado de Instruccin nmero 7 de Barcelona, di por concluida la investigacin y daba un plazo de 40 das a las acusaciones y defensas para que presenten sus escritos de calificacin o soliciten el archivo de la causa abierta a los agentes, a los que imputa cargas desproporcionadas en 25 escuelas que acogieron urnas en la consulta soberanista. Las defensas y las acusaciones recurrieron y la Audiencia de Barcelona ha ratificado su decisin, por lo que el siguiente paso debe ser que se presenten los escritos de acusacin y los de defensa.La investigacin judicial se ha centrado en los agentes y sus mandos que actuaron sobre el terreno, sin llegar a inculpar a las altas cpulas policiales o polticas, al no demostrarse durante la instruccin que existiera una orden para cargar contra los votantes. El togado recordaba en su resolucin que los uniformados siempre deben actuar de forma bajo los principios de «congruencia, oportunidad y proporcionalidad» e impedir cualquier prctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrae violencia fsica o moral». El juez aprecia «dficit» en la actuacin con respecto a la normativa y este protocolo.Este protocolo se cumpli en 14 de los 27 colegios de Barcelona, donde el magistrado describe agarres y empujones, pero no acciones desproporcionadas que fueran ms all de apartar a votantes para retirar las urnas y papeletas, como haba ordenado el Tribunal Superior de Justcia de Catalunya (TSJC). Sin embargo, en 13 centros, el instructor s ve actuaciones de agentes contra votantes donde se aprecian claros dficits respecto a los protocolos y un uso innecesario de la fuerza. Es el caso, entre otros, del agente que propin una patada a un votante en el colegio Pau Claris, o del que dio varios golpes de porra a una mujer a las puertas del colegio Mediterrnia. El togado centra su relato sobre todo en las imgenes grabadas durante la intervencin de la polica, as como en el parte de lesiones y asistencia mdica presentado por algunos de los congregados.