El Constitucional busca unificar criterios sobre las extradiciones a Marruecos ante las peticiones del fiscal del rey



El Pleno del Tribunal Constitucional analizar en su prximo Pleno, que se celebrar a partir del 30 de enero, una ‘sentencia de cabecera’ que busca unificar criterios en relacin con las extradiciones a Marruecos aprobadas la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las pautas que se vienen aplicando desde junio de 2021 desatan la divisin entre los magistrados y podran haber vulnerado los derechos de las personas reclamadas por el reino alau, al carecer de aval judicial.Los recursos pendientes ante el rgano de garantas se resolvern en funcin de la sentencia que se resuelva la prxima semana, que parte de una ponencia del propio presidente del rgano, Cndido Conde-Pumpido. Los recurrentes cuestionan que las peticiones de entrega las realice el fiscal del Rey, en lugar de un juez como suele ser habitual en otros Estados, lo que arroja dudas sobre la independencia de las mismas.Las quejas, al igual que apuntan algunos jueces de la Audiencia Nacional en sus votos discrepantes, segn inform este diario, se centran en la falta de ponderacin judicial de la necesidad y proporcionalidad de las penas de crcel en el estado magreb, donde el cumplimiento de los derechos humanos es recurrentemente cuestionado por organizaciones internacionales.Segn sealan a EL PERIDICO DE ESPAA, del grupo Prensa Ibrica, fuentes del Constitucional, la ponencia propone una «interpretacin intermedia», aunque cercana a los postulados aplicados hasta el momento por los jueces espaoles. Concretamente, que a la hora de dar curso a una solicitud de extradicin la participacin de los jueces no sea obligatoria en determinados supuestos, entre ellos cuando exista un convenio bilateral que prevea que la peticin por parte de los fiscales.La pauta fijada hace ya tres aos por la Audiencia Nacional se aplica pese a lo sealado por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea y nuestra propia jurisprudencia constitucional hasta el momento, que establece que siempre sea «una autoridad judicial la que ratifique la privacin de libertad de quien va a ser objeto de una solicitud extradicional». Esta doctrina es la que puede ser ahora rectificada o al menos modulada en el debate que los magistrados del Tribunal Constitucional emprendern la prxima semana. La primera sentencia abrir el camino para el resto de recursos pendientes sobre el mismo asunto.Fiscales que son poder judicialPara aclarar cules eran las circunstancias concretas de Marruecos, la Audiencia Nacional se dirigi a las autoridades marroques, y fue la propia Fiscala del Rey ante el Tribunal de Primera Instancia de Tnger la que respondi en marzo de 2021 al rgano espaol, aclarando que los fiscales de dicho pas forman parte del poder judicial del reino. Es decir, que en Marruecos tanto los jueces de instruccin como el fiscal del Rey ante el tribunal de apelacin son los competentes para emitir las rdenes internacionales de arresto.En dicha ocasin fueron cinco magistrados -el Pleno lo componan un total de 22- los que discreparon del acuerdo de la mayora, concretamente Jos Ricardo de Prada, Carolina Rius, Jos Antonio Mora, Carlos Fraile y Ramn Saz, este ltimo actualmente en el Tribunal Constitucional. En su voto, Prada y Sez se mostraron contrarios a colocar al fiscal marroqu en la misma posicin que un juez, que es el nico que a juicio de ambos magistrados puede garantizar que es «independiente, inamovible, imparcial, y exclusivamente sometido a la ley».Pero no en todas las ocasiones la Audiencia Nacional accede a las peticiones de Marruecos. El pasado mes de mayo estos mismos jueces de la Audiencia Nacional frenaron la entrega de un ciudadano de dicho pas que ayud a escapar desde Algeciras (Cdiz) al jefe de una banda criminal y homicida convicto espaol que logr llegar Marruecos para eludir una condena de 58 aos de crcel. El tribunal rechaz extraditarle pese a que el Consejo de Ministros dio visto bueno a la entrega unos meses antes. En este caso hubo unanimidad en la Sala porque la entrega autorizada por el Gobierno presentaba un escollo de ndole legal que permiti paralizar el proceso: el convenio de extradicin con Marruecos las impide si la conducta no est penada con un mnimo de dos aos en ambos estados.